Francisco Barahona Riera, Wálter Coto Molina y Álex Solís Fallas, miembros del Comité Nacional del Ciudadano por una Nueva Constituyente, visitaron el Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) para dar a conocer su proyecto, que persigue, como fin último, instaurar una nueva constitución política para el país.

La visita no es un hecho aislado, desde hace más de un año, un grupo de ciudadanos ha realizado más de 200 reuniones con la intención de movilizar a la opinión pública y al electorado en relación con un tema que consideran fundamental para la vida democrática de Costa Rica; es decir, “la posibilidad de consultarle al pueblo, a través de un referéndum, convocar o no convocar a una asamblea nacional constituyente”, según las palabras de Barahona.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya tiene en su poder el Proyecto Ley que Convoca a una Asamblea Constituyente, el cual consta de 19 artículos. El primero de ellos estipula: “Con fundamento en el artículo 196 de la Constitución Política se convoca la asamblea constituyente, con el fin de reformar la Constitución Política y adaptarla a las necesidades, las aspiraciones, los principios y los valores de los tiempos actuales”.
   
El proyecto establece que la constituyente estaría integrada por 61 representantes escogidos por partidos políticos; 31 serán elegidos mediante listas nacionales; y 30, mediante listas provinciales. La elección de los constituyentes, convocada por el TSE, se realizaría el primer domingo de julio del 2019 y la asamblea se instauraría el 7 de noviembre del mismo año.

De acuerdo con la iniciativa, la asamblea constituyente promulgará la nueva constitución en un plazo de 15 meses, posteriores al inicio de sus sesiones. El texto que apruebe la asamblea será sometido a referéndum, así, el pueblo determinará si aprueba la reforma general a la Constitución el tercer domingo de julio del 2021 y entraría en vigencia en setiembre de ese mismo año. Ahora bien, la iniciativa propone la integración de una comisión especial compuesta por nueve “costarricenses notables” quienes redactarán el proyecto de constitución política, documento que servirá de base para la asamblea nacional constituyente.

Cabe destacar que el proyecto contempla la posibilidad de que la ciudadanía exprese sus criterios por escrito ante el Departamento de Participación Ciudadana  de la Asamblea Legislativa, durante las labores de la asamblea constituyente, y este se encargará de sistematizar y de trasladar las propuestas a la secretaría de la asamblea constituyente.
   
Barahona sostiene que “ante la percepción de la existencia de una especie de acuerdo no tácito de no hacer avanzar el país, la única forma que tiene el ciudadano y la ciudadana costarricense es poner en movimiento un cambio”. Asimismo, alega obsolescencia en la Constitución de 1949: “Cuando se convocó la constituyente acababa de pasar la Guerra Civil del 48; en ese momento, había una dinámica de profundos cambios y, por ejemplo, no se tenía la menor idea de los derechos humanos o el tema ecológico no era preocupación”, declaró Barahona.

Wálter Coto concuerda con la posición de Barahona y agregó: “Evidentemente, la Constitución de 1949 nació en una realidad muy particular, eso nos impone el deber de analizar una premisa fundamental en el desarrollo evolutivo de cualquier sociedad política y es que, para una nueva realidad, se requiere una nueva legalidad”.

Coto asegura que el país tiene retos impostergables como el de fortalecer la legitimidad, asegurar la eficiencia, definir el rumbo y resolver el tema fiscal y, para ello, afirma que se debe repensar la legalidad existente. “Estamos en una necesidad de ver cómo podemos crear un rumbo país, pero un rumbo país no creado por la clase política simplemente, sino un rumbo país donde podamos participar todos los elementos que constituyen una sociedad”, declaró el excandidato presidencial.

Álex Solís sumó a lo que, desde su perspectiva, se debe que solventar: “Hay que modificar, a nivel constitucional, el sistema de partidos políticos y su sistema de financiamiento; al capítulo de la Asamblea Legislativa, hay que hacerle reformas profundas; entre otras, modificar el sistema de elección de los diputados, introducir algunas normas que regulen el procedimiento legislativo, así como analizar el presupuesto nacional”.

Solís argumentó, además: “Esta Constitución nos va a gustar porque todos la vamos a hacer, vamos a ser vigilantes. Si la gente ratifica la Constitución, como lo harán, estoy plenamente seguro, entraría en vigencia el 15 de setiembre del año 2021, cuando celebremos los 200 años de vida independiente. Así es como este movimiento ciudadano quiere que celebremos esos 200 años de vida independiente”.

Aunado a ello, reveló el espíritu de la convocatoria a la asamblea constituyente, pues asegura que no solamente buscan un nuevo articulado, sino la vivencia del proceso, luego del cual, augura, cambiará la cultura del país.

Posterior a la exposición, saltaron las dudas de algunos miembros del Consejo Universitario, como el riesgo de que la iniciativa favorezca los intereses de ciertos grupos políticos o la percepción de que se les está entregando el país a los partidos políticos, pues en el artículo 2 del proyecto, se indica que solo diputados serán representantes en la asamblea constituyente.

Ante dichas interrogaciones, Solís insistió en la vigilancia que el costarricense deberá tener durante el proceso para propiciar el bien común ante el partidario y, en cuanto al tema de la elección de diputados, explicó que, en primera instancia, le habían propuesto al TSE una elección más diversa, que incluyera a amplios sectores de la sociedad; no obstante, este órgano lo declaró inconstitucional.  

Luego de la visita, realizada durante la sesión 2622-2017, el Consejo Universitario acordó solicitarle a la Rectoría que organizara un foro abierto, con la participación de los miembros del Consejo Universitario y la comunidad universitaria, con el fin de dar a conocer esta iniciativa.

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