El proyecto “Ley para el ordenamiento de las  retribuciones adicionales al salario base del sector público” pretende unificar las remuneraciones en dinero, adicionales al salario base, de ciertos funcionarios. Por inconstitucional,  arbitrario y por lesionar la autonomía de las universidades estatales, entre otros temas, el Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) se manifestó en contra.

Uno de los argumentos que sustenta el proyecto es que el sistema actual de remuneraciones del sector público ha venido generando una gran desigualdad salarial, particularmente, en el ámbito de las retribuciones adicionales.

Por lo anterior, y apelando a la necesidad de propiciar la equidad, la razonabilidad, la eficacia y la eficiencia en la gestión pública, esperan unificar las siguientes remuneraciones: dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, disponibilidad, anualidades o antigüedad, zonaje y regionalización o desarraigo.

No obstante, este proyecto solo vincula a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus órganos desconcentrados y sus órganos auxiliares, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas públicas del Estado y las corporaciones municipales.

En contraposición, quedan excluidos los bancos públicos del Estado, los entes públicos no estatales y las empresas públicas que participen de forma directa en cualquier actividad abierta del régimen de competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad.

Además, los empleados públicos que  son remunerados mediante la modalidad de salario único, todos los funcionarios docentes del Ministerio de Educación Pública, así como todos los cuerpos policiales del país (Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Tránsito y Policía Penitenciaria).

Cabe mencionar que aunque no lo dice de manera explícita, el proyecto excluye a los médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues no deroga ni reforma la Ley de incentivos a los profesionales de ciencias médicas.

De acuerdo con el criterio de la Oficina Jurídica de la UNED, el proyecto en cuestión es inconstitucional por cuanto viola el artículo 191 de la Constitución Política, ya que pretende que exista un único régimen jurídico de retribuciones adicionales al salario base del sector público a pesar de que dicha norma permite lo contrario.

Por otra parte, asegura que viola la autonomía de gobierno constitucional de las universidades estatales, pues estas “gozan de competencia otorgada en forma directa por la Constitución Política (artículo 84) para definir el marco jurídico de su relación con el personal, por lo que no puede imponérseles un manual de puestos ni una escala de sueldos específica”.

El otro hecho señalado por la instancia jurídica institucional es la violación al principio de igualdad constitucional. El artículo 33 de la Carta Magna señala: “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. No obstante, dicho proyecto no cobija a la mayoría de empleados públicos, quienes seguirán rigiéndose por las normas vigentes, lo que, según criterio jurídico, ensancharía la desigualdad entre iguales.

Aunado a que el Consejo Universitario manifestó su oposición al proyecto ante la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, también acordó comunicar dicha postura al Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

El Consejo Universitario tomó dicho acuerdo durante la sesión 2568-2017, la que se celebró el 26 de enero del año en curso.

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