El Consejo Universitario acordó informar a la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que no tiene objeciones para que se apruebe el proyecto de “Ley Reforma Integral a la Ley General de VIH”, Expediente No. 19.243.

No obstante, solicitó tomar en consideración las observaciones realizadas por el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) y el Servicio Médico de la UNED, instancias a las que el órgano colegiado les solicitó manifestarse en relación con dicho proyecto de ley.

El Servicio Médico sugirió que la ley "vele porque el patrono brinde los permisos pertinentes para que los pacientes puedan recibir el adecuado control médico”.

Por su parte, el CICDE recomendó que la ley especifique, “que, en la medida de lo posible, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) procurará poner a disposición de los y las pacientes de sida, los medicamentos de última generación, incluso como una forma de favorecer la adherencia de las personas al tratamiento”.

En relación con el artículo 13, que habla del derecho a la consejería, señaló que debería indicarse que uno de los aspectos clave es la consejería enfocada en la adherencia a los medicamentos, en el caso de personas que reciben el tratamiento antirretroviral. En ese sentido, sugirió que deben tomarse en cuenta factores de orden más general, como la condición socioeconómica y la existencia de situaciones de violencia y desintegración familiar como también los factores más específicos asociados a la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género.

Finalmente, señaló como una omisión muy grave el hecho de que no se reconozca que la discriminación asociada a la orientación sexual y a la identidad de género distinta de las hegemónicas es un factor que influye fuertemente en la problemática y que además, propicia el contagio.