El veto lo dio la presidenta de la República, Laura Chinchilla, al proyecto de ley de fotocopiado, que los diputados, por unanimidad, aprobaron en primer debate en junio de este año.

Tras la acción presidencial, Fernando Ferraro, Ministro de Justicia y Paz,  ha realizado cabildeo en las universidades para dar al traste de manera definitiva con la iniciativa; por esa razón, el pasado 4 de octubre, durante la sesión 2202-2012 visitó el plenario del Consejo Universitario para realizar dos peticiones específicas: que la UNED promueva, en conjunto con el Registro de Derechos de Autor, debates en torno al tema para informar a la población  y que considere la manifestación pública de apoyo al veto.

El argumento que sustentó la petición de Ferraro fue que existe un ambiente de desinformación alrededor del tema del fotocopiado. "Este tema está relacionado con acciones que se dieron hace ya varios años, por parte de sectores particulares que iniciaron una campaña de desinformación indicando que se emprenderían acciones penales contra aquellas personas que fotocopiaran a partir de ciertas reformas a la ley".

Según explicó el ministro, hasta el momento no se conocen procesos abiertos contra estudiantes que hayan fotocopiado o contra fotocopiadores; a pesar de ello, asegura que el argumento se ha mantenido, con el agravante de que el Ministerio de Justicia y el Registro de Derechos de Autor han estado ausentes del debate.

En relación con lo solicitado, el Consejo Universitario acordó invitar a una próxima sesión del plenario a Rodolfo Alfaro, encargado de la Maestría de Propiedad Intelectual de la UNED, con el fin analizar los alcances de la Ley de Fotocopiado. Además invitar al diputado José María Villalta, promotor de la reforma, para conocer su posición en relación con el tema. 

El proyecto en cuestión, básicamente, pretende despenalizar el fotocopiado, que castiga con penas de hasta cinco años de cárcel y multas de cinco a 500 salarios base a quienes reproduzcan libros de texto o compilen antologías.

¿Qué implica el proyecto promovido por el diputado Villalta? Desde la perspectiva de Ferraro y sustentado en el criterio técnico del Registro de Derechos de Autor "debilita el régimen de protección en materia de derechos de autor de una manera significativa, al punto de volverlo, prácticamente inocuo, lo que va a trastornar las bases de las que depende la industria cultural, creativa y la actividad tecnológica del país".

En contraposición, entre los argumentos que manejan los adeptos a la reforma están que las penas actuales son  excesivas porque están planteadas en términos que da a los Tribunales de Justicia margen suficiente para decidir, según el caso concreto, qué tipo de penas imponen. Sostienen, además, que en Costa Rica no hay excepción académica o que la excepción académica no es efectiva.

 "La excepción está basada en un objetivo que es el fin académico, no se refiere  a los sujetos, no dice que para que se cumpla el fin académico debe tratarse de docentes o de estudiantes", dijo el ministro.

El político advirtió que la interpretación que se ha hecho desde el Registro de Derechos de Autor para identificar ese fin académico remite a la conducta del usuario del servicio; es decir, de la persona que promueve la reproducción de la obra y no de quien da el servicio.

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