En la sesión 2197-2012, llevada a cabo el 20 de setiembre, el plenario decidió apoyar el proyecto de ley "Reformas urgentes para fortalecer la Ley 7600, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de mayo de 1966 y sus reformas".

Los miembros del Consejo Universitario tomaron la decisión con base en el criterio de la Oficina Jurídica de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Comisión Institucional de Equiparación de Oportunidades (CIEO).

"Esta Oficina considera que el Consejo Universitario debe apoyar todas las propuestas o iniciativas de ley que colaboren con la construcción de una sociedad más justa, democrática, inclusiva, accesible y garante del pleno goce y la consecución del desarrollo óptimo de los individuos", dice el dictamen de la jurídica.

La comunicación emitida por el órgano colegiado incluía la solicitud a los diputados de que analicen la observación realizada por la Oficina Jurídica, tanto para el caso de la autonomía municipal, como para el de la universitaria.

La jurídica considera que las modificaciones que se proponen al artículo nueve pueden tener vicios de inconstitucionalidad, ya que viola la autonomía del régimen municipal que se encuentra contemplada en el artículo 170, que establece que las corporaciones municipales son autónomas.

Lo anterior, porque a la letra la modificación propone: "los gobiernos locales deberán propiciar la accesibilidad universal en sus comunidades y destinarán un rubro en sus presupuestos para esa materia".

Por otra parte, el artículo 58 del proyecto establece la obligatoriedad de los centros de educación superior estatal de incluir en la currícula contenidos generales y específicos, en temáticas de discapacidad en todas las carreras y niveles.  Esta oficina determinó que tal disposición violenta la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de la Constitución Política.

En este mismo tema, la asesoría legal considera que debe precisarse lo relacionado con la promoción y creación de micro y pequeñas empresas de personas con discapacidad; ya que, no define cuál entidad se encargará de las mencionadas tareas.

Por su parte, la CIEO asegura que "es necesario modificar los artículos propuestos; pues los nuevos textos muestran una identificación y canalización oportuna a las necesidades de personas con discapacidad, sea esta permanente o temporal".

Con las reformas propuestas, aseguran los miembros de la comisión, se contribuye a que las entidades públicas y privadas asuman las responsabilidades que les competen para garantizar el acceso a todos los servicios y la no-discriminación de las personas con discapacidad. Tal accesibilidad está referida a las condiciones físicas, arquitectónicas, de información y documentación.

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