El Consejo Universitario (CU) acordó reestructurar la actual Oficina Jurídica. Se crea una nueva Oficina Jurídica, adscrita a la Rectoría, y se redefine su organización, ámbito de acción y sus funciones. Además se crean dos unidades de asesoría jurídica: una especializada para el Consejo Universitario y otra para la Rectoría.

En mayo del 2010, y atendiendo una iniciativa del consejal externo Ramiro Porras, el Plenario nombró una Comisión Especial integrada por Joaquín Jiménez, Ramiro Porras y José Miguel Alfaro, con el propósito de que elaboraran una propuesta sobre el asesoramiento jurídico que requería el Consejo Universitario.

Este Órgano Colegiado conoció el dictamen de la Comisión, en el que se adjuntó el Estudio Técnico para la Reestructuración de la Oficina Jurídica, elaborado por César Sancho, investigador del Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) y una propuesta de Reglamento para el funcionamiento de la unidad asesora del CU.

Joaquín Jiménez manifestó que esa propuesta es el resultado de un amplio análisis y reflexión sobre los diversos requerimientos jurídicos que día tras día necesita la Institución. “Debo advertir que esta propuesta pasó por un trabajo muy exhaustivo. La Comisión hizo un trabajo de análisis sobre todo de los sistemas jurídicos que atienden las otras universidades, yo me di a la tarea de hacer un trabajo de investigación en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico, sobre qué modelos de asesoría jurídica utilizan”, indicó Jiménez.

La Oficina Jurídica fue creada desde 1993 y según su misión está dedicada a prestar la asesoría legal a la Universidad de manera activa y reactiva, especialmente al Consejo Universitario, a la Rectoría y las Vicerrectorías. No obstante, y según el estudio elaborado por el CPPI es “importante establecer una separación clara entre la asesoría jurídica para la institución, la que requiere el Consejo Universitario y la Rectoría en cada caso”.

Según se indica en los considerandos del acuerdo, la asesoría legal de la Institución, en los tiempos actuales, demanda el desarrollo de diversos niveles de especialización en el campo del derecho, con el fin de atender los múltiples procesos académicos y administrativos de la Universidad.

Al Consejo Universitario le corresponde aprobar, reformar e interpretar los reglamentos, remover de sus cargos por justa causa debidamente comprobada, a los funcionarios, adjudicar las licitaciones públicas con arreglo a las leyes y a las disposiciones reglamentarias, autorizar la celebración de convenios y contratos en aquellos casos en que la ley o los reglamentos así lo requieran; aprobar y modificar el Manual de Organización y Funciones de la Universidad, aprobar la creación o supresión de las unidades académicas, administrativas y técnicas de la Universidad, aprobar la enajenación de los bienes muebles e inmuebles de la Institución, de acuerdo con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias; agotar la vía administrativa; y cualesquiera otras que señalen el Estatuto Orgánico y los reglamento. Por lo tanto, requiere de asesoría legal independiente, continua y especializada en relación con el resto del cuerpo jurídico institucional.

Este acuerdo rige a partir del 7 de junio del 2012.

Sesión 2156-2012, Art. II, inciso 1), celebrada el 3 de mayo, 2012.