En foro analizan financiamiento de obra pública

La Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP) realizó el foro El control ciudadano frente al financiamiento público, concesiones y préstamos, con el fin de analizar, desde la perspectiva del control ciudadano, la problemática del financiamiento para la construcción de obra pública.

 

 

El primer panelista en hacer uso de la palabra fue José Humberto Zúñiga, director de Proyectos del Consejo Nacional de Concesiones. El burócrata argumentó que 45% del presupuesto nacional es financiado por deuda, los ingresos fiscales no alcanzan para cumplir con las obligaciones y demandas del pueblo y que el rango crediticio del país se ubica por debajo del rango inversor, lo que impacta el costo del financiamiento y, por ende, de los proyectos, por lo anterior, aseguró que la concesión de obra pública es la salida a los pendientes del país en esta materia.

 

Frente a los argumentos de Zúñiga, Roger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, aseguró que decir que no hay dinero para invertir en infraestructura no es cierto, cuando la junta tiene subutilizado su dinero. Porras dio a conocer que la entidad, a mayo de este año, contaba con una reserva de mil seiscientos millones de dólares.

 

Manifestó que ese dinero pueden invertirlo de forma segura para el financiamiento en obra pública. Actualmente, comentó, se encuentra en gestión una propuesta de ley que pretende, entre otras cosas, desarrollar una serie de alternativas de inversión y con ello no depender solamente de dos sectores de la economía (Valores y Crédito) e incrementar las ganancias para el fondo de pensión.

 

El funcionario explicó que al amparo de esta ley, "la Junta, bajo su responsabilidad, invertirá los recursos acumulados del Régimen de Capitalización Colectiva, para el provecho de los afiliados, procurando el equilibrio necesario entre seguridad, rentabilidad y liquidez, de acuerdo con su finalidad y respetando los límites fijados por la ley y las normas reglamentarias dictadas sobre el particular". Para que este proyecto sea una realidad, manifestó, se requiere contar con el apoyo de todo el Magisterio Nacional.

 

Además, ambos expositores presentaron las bondades y riesgos de las concesiones. Porras, por ejemplo, destacó que estas se dan en campos de gran importancia social y política, operan en condiciones cercanas al monopolio y suelen ser objeto de gran regulación, además de que están sujetas a politización y a captura del regulador por parte del regulado.

 

Por su parte, Zúñiga destacó las diferencias entre el método tradicional de realización de obra pública y mediante la figura de la concesión. En el primer caso, argumentó, todos los riesgos los asume la administración, impacta negativamente la deuda pública, se incrementa el déficit fiscal. Mediante concesión, destacó que el proyecto se paga en su mayoría por quien usa la obra, recibe un mejor mantenimiento y conservación de obras.

 

Paúl Brenes Cambronero expuso el proyecto de ley "Promoción de la participación ciudadana en el control de actividades del Estado". De acuerdo con los proponentes, el plan brindará un enorme beneficio al país porque a través de la figura de un fideicomiso de entidades de bien social como operadores de pensiones, la banca estatal, recursos que están guardados a 0,5 por ciento en el tesoro estadounidense o un 1% en bonos del Ministerio de Hacienda se puede llevar a cabo la obra.

 

"Ese fideicomiso, manejado desde la banca, garantiza la transparencia; además lo estamos implementando con una unidad técnica ejecutora que es la que va a llevar a cabo la obra en concordancia con las instituciones más prestigiosas de Costa Rica como el LANAMME, el Colegio de Ciencias Económicas, de Ingenieros y Arquitectos; entre otras, manifestó Brenes.


Las estimaciones del grupo son que en un plazo de dos años la obra estaría construida y en uno de cinco años completamente pagada; a partir del año seis, aseguran, los millones de dólares que va a generar, se invertirían en obra social en las comunidades.


"La plata que se iba a ir a Brasil va a quedar invertida en este país en obra social. Ese es el modelo que estamos proponiendo, implica una reforma legal que ya está redactada. Se trata de una ley especial para el corredor vial San José-San Ramón; con esto les estamos diciendo a los costarricenses que podemos oponernos a un proyecto nefasto pero que debemos proponer algo en su lugar", concluyó Brenes.


Agregó que la característica esencial del proyecto es que es transferible; "este mismo proyecto se lo damos a los cartagos y hacen su autopista, también puede usarlo la Municipalidad de San Carlos para construir un proyecto hidroeléctrico. Si esto se aplica como se está planteando va a revolucionar al país".


Otros participantes del panel fueron Raúl Alvarado Sibaja, dirigente del Foro de Occidente y Jorge Murrillo de AFUP.