Expertas: "Leyes en materia de justicia electoral requieren de mecanismos de aplicación"

 

 

Pese a las leyes, la paridad electoral aún no es una realidad tácita.La Cátedra Virtual Justicia y Género, promovida por el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia  (UNED) y por la Fundación Justicia y Género, desarrolló la conferencia "Igualdad y no discriminación en la justicia electoral". Dos expertas, una de México y la otra de Ecuador, expusieron algunos conceptos, relataron avances particulares y brindaron recomendaciones para avanzar hacia la real paridad electoral.

   

Las expositoras coinciden en que no es suficiente la creación de leyes que buscan la paridad electoral, sino que se requiere el establecimiento de mecanismos de aplicación para llevar a la práctica las directrices contenidas dichas leyes.

 

En Colombia, por ejemplo, desde principios de siglo XXI existen leyes para asegurar la paridad de género en las papeletas electorales; sin embargo, la participación femenina es muy escasa, porque los partidos tradicionales son reacios a vincular en las listas a las mujeres.

 

Claudia Pastor Badilla, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Jalapa, Veracruz, México, dijo que casos como el colombiano se replican en toda América Latina. La experta advirtió acerca de tres medidas que pueden servir de mecanismo de aplicación de las leyes: concientización, retribución y facilitación.

  

"Las medidas de concientización consisten en que los estados dicten políticas educativas o de formación para revertir las ideologías discriminatorias. Pueden ser políticas publicitarias, informativas, crear un estado de opinión, sensibilizar acerca del problema a la población, entre otras", dijo Pastor.

 

Agregó: "las medidas de retribución son aquellas en las que los estados pueden buscar estímulos o premios a quienes fomenten la participación o la inclusión de grupos menos representados".

  

Finalmente, se refirió a las medidas de facilitación. Las describió como aquellas acciones en las que a personas de los grupos minoritarios se les otorgan becas o subvenciones.

  

Pastor, además, cuestionó la raíz del problema. Partió del hecho de que todas o casi todas las constituciones tienen el respeto expreso a la igualdad. "Todos nacemos iguales y todos somos iguales ante la ley; sin embargo, a todos nos consta que eso no es así, porque la igualdad es un término ambiguo", dijo.

 

La magistrada aseguró que hay una igualdad en la ley y una igualdad ante la ley. La primera apunta a su contenido; es una directriz para los legisladores que les dicta la imposibilidad de aprobar normas en las que supuestos de hecho iguales tengan consideraciones distintas.

  

La segunda se trata de una directriz hacia los aplicadores de justicia; les exigen que esas normas que dicta el legislador no se resuelvan de forma discriminatoria. "Desde esta perspectiva se tiene que igualdad no significa tratar a todos por igual porque si no se contextualiza puede que se cometan desigualdades injustificadas", enfatizó Pastor.

 

Otro concepto que acotó fue el de discriminación. Lo definió como aquella situación en la que un grupo dominante considera a otro inferior y, por ende, los relega de la participación política, social o cultural. De este modo el grupo dominante impone al otro grupo una visión limitada sobre sí mismos lo que provoca que estos grupos considerados inferiores tengan mayor dificultad para alcanzar la igualdad.

  

Pastor reflexionó en cuanto al avance en el tratamiento de este fenómeno. Aseguró que Estados Unidos es pionero porque inició el desarrollo legislativo en el combate de la desigualdad cuando en 1954 tradujo los cambios legislativos y educativos para modificar las concepciones fácticas que generaran la postura de domino de un grupo por encima de otro, lo anterior en relación con la separación racial. Este país no solo hizo reconocimientos legislativos, sino que dictó medidas públicas que revirtieran el fenómeno de inferioridad propiciado por un grupo dominante.

 

Tania Arias Manzano, miembro del Consejo de la Adjudicatura del Ecuador, manifestó que la desigualdad es observable en las limitaciones de grupos minoritarios para acceder a la educación, la salud, los recursos económicos, la propiedad, la ocupación de cargos públicos y en la toma de decisiones, entre otros.

 

Frente a esas desigualdades emergió la igualdad como un postulado surgido en la Revolución Francesa, lo que permitió el reconocimiento de la primera generación de derechos civiles y políticos; sin embargo, la igualdad propugnada en la Revolución estuvo enmarcada en el androcentrismo.

 

"La igualdad no puede entenderse sin que las mujeres sean la esencia de este principio al igual que las otras diversidades humanas, el principio de igualdad ha sido ligado íntimamente al de no discriminación, entrañando ambos un vínculo indisoluble. La igualdad es un principio y un derecho que debe verse como la ausencia de discriminación, como el trato idéntico a todas las personas sin importar razones de género, etnia, edad, origen, ideología y políticas, entre otras", dijo Arias.

  

Ella considera que en el ámbito de la justicia electoral la igualdad debe manifestarse en diversos órdenes; dos que considera primordiales son la conformación paritaria de los órganos de justicia electoral y la integración de las mujeres a los órganos electorales.

  

Finalmente, la experta enfatizó que las desigualdades se da por diversas causas, entre las que destacan: desconocimiento, escasos recursos económicos, falta de confianza en la justicia por casos de corrupción o de impunidad; para estas falencias, aseveró, caben respuestas estatales que las superen.

  

 

Ana Lucía Fernández del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), se refirió a la realidad de Costa Rica en el tema de la paridad electoral. Fernández dijo: "desde 1996 el país tiene la cuota de paridad, según lo establece el Código Electoral; sin embargo, nunca especificaron los mecanismos de aplicación, por lo que desde el 2003 inició una lucha por reformar el código y es a partir de setiembre del 2009 que Costa Rica cuenta oficialmente con un Código Electoral que promueve la paridad de las mujeres en el ámbito de la participación política. Particularmente, la alternancia de género en las nóminas de elección."

 

A esta videoconferencia de la cátedra se conectaron representantes de diversos órganos de países como: Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay, Panamá, México y Ecuador.

  

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