Indígenas piden al Gobierno prestar importancia al proyecto hidroeléctrico Diquís

 

 

"No somos tan ingenuos y estamos a la expectativa de lo que haga el ICE", Fabio Flores

 

 

 

Relator especial de las Naciones Unidas publicó observaciones del territorio y recomendó realizar un proceso de consulta en el cual todos se vean beneficiados

 

 

 

Índígenas manifestaron que hay desconocimiento del impacto que provocará el PH Diquís y el ICE no brinda toda la información.Luego de las observaciones realizadas por James Anaya, (relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas) acerca del proyecto hidroeléctrico Diquís, los pueblos originarios de Costa Rica teribes, bruncas, cabécares y bribris, alzan su voz y exigen al Gobierno costarricense tomar cartas en el asunto antes que sea demasiado tarde.

   

En vista de estas problemáticas nacionales, el Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal Distancia (UNED) mediante el Técnico en Gestión Local de Pueblos Originarios llevó a cabo la videoconferencia "Los pueblos indígenas y el PH Diquís". En dicho espacio se abordaron temas relevantes relacionados con la población autóctona de la Zona Sur y el impacto que provocaría este proyecto en la región.

 

Isabel Rivera, líder de mujeres indígenas Mano de Tigre de Térraba, Fabio Flores, dirigente indígena del Grupo de los 12 de Teribe y Hugo Lázaro, abogado brunca, fueron los conferencistas. El propósito de la actividad fue generar interlocución entre líderes comunitarios, población académica y sociedad civil, de manera que puedan conocer y reflexionar acerca de la problemática.

 

Según los dirigentes indígenas, el proyecto hidroeléctrico pone en total vulnerabilidad sus territorios, costumbres, cultura, religión y ambiente pues aseguran que el Gobierno no toma en cuenta las consecuencias negativas que puede ocasionar dicho plan. Asimismo, señalan que de llevarse a cabo el proyecto se perderá más de 900 hectáreas indígenas y con ello la invasión de al menos 9000 personas no indígenas que podrían provocar la desaparición de la cultura y la costumbre de los lugareños.

 

Rivera manifestó: "uno de los impactos más relevantes es el aumento poblacional desmedido con la llegada de no indígenas. Este fenómeno lo hemos vivido a partir de la década de los años 70, 80 y 90, pero con la llegada del Diquís en el 2006 vimos cómo fue aumentando rápidamente la población no indígena dentro de nuestro territorio. Esta situación nos afecta en lo educativo, social y cultural".

 

"En las escuelas ya no hay campo para nuestros niños, en la salud esto también afecta porque ahora las citas médicas se atrasan más. Eso es muy preocupante, pero lo más alarmante es que de alguna manera estas poblaciones nos excluyen y hacen que nuestros niños y jóvenes vayan perdiendo el sentido de pertenencia y se avergüencen de hablar y actuar como siempre lo hemos hecho desde hace siglos. Primero porque en los colegios ya no se respeta nuestras tradiciones y costumbres, además, los profesores son gente que vienen de ciudades y no conocen nada del pueblo indígena, eso hace que se pierda nuestra cosmovisión e idiosincrasia", agregó.

 

"Otro punto en contra es que con la llegada de estas personas se han construidos bares que destruyen nuestra cultura. Y si tomamos en cuenta que esto apenas inicia; entonces el impacto social será mayor. Espero que lleguemos a una pronta solución porque de no ser así sufriremos una fuerte inmigración de más de 9000 personas que desconocen totalmente nuestra cultura y eso es grave porque puede desaparecer", culminó Rivera.

 

Según el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, representa una de las alternativas para satisfacer la demanda eléctrica del país que cada año aumenta en 6%. Dentro de las proyecciones, se estima que el Diquís será el más grande de Centroamérica y permitirá al país, garantizar la disponibilidad de energía eléctrica, limpia y renovable.

 

Por su parte, Flores indicó que a partir del documento publicado por Anaya, los indígenas asumieron compromisos y responsabilidades para proteger su territorio y la permanencia de los pueblos. "La fortaleza de los pueblo originarios radica en la unidad y este es el momento para unirnos todos las comunidades y decirle al Estado que haga un alto y tome seriamente este caso porque de no ser así tendremos graves consecuencias".

 

"Pero eso también es culpa nuestra porque hemos dejado que otros decidan por nosotros. En este momento carecemos de representatividad, pero no impide que el Gobierno se siente con nosotros a resolver estos problemas. El Estado está obligado a eliminar la desconfianza que tenemos los indígenas en este momento y eso lo debe entender. (...) No somos tan ingenuos y estamos a la expectativa de lo que haga el ICE y si tenemos que pelear con el Estado para hacer respetar nuestros derechos pues lo vamos a hacer", concluyó Flores.

 

A juicio de Hugo Lázaro, abogado brunca, esta no es la primera observación que hace una entidad como las Naciones Unidas pues manifestó que se han hecho varias observaciones pero al Gobierno no le importa. "

 

"Un aspecto que no se menciona es el tema de territorio pues eso afectará algo más de 900 hectáreas dentro de territorios indígenas, principalmente a los Térraba y Chinaquichá. Esto también afectará el caudal de los ríos en más de 50 kilómetros. Tenemos que recordar que no se trata de un proyecto común y corriente sino que se plantea la posesión de tierras de manera ilegal. No es lo mismo el impacto que puede causar este proyecto en una comunidad agrícola o campesina que en un pueblo indígena que se caracteriza por establecer vínculos vivenciales, espirituales y culturales con la madre tierra, por lo tanto se tiene que abrir un espacio al diálogo urgente con el Estado".

 

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