Leyes más fuertes no mitigan violencia de género
Expertos de España y Guatemala brindaron conferencia y evidenciaron problemática de sus países
El Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) llevó a cabo la videoconferencia "Leyes de penalización de la violencia de género". Esta actividad tuvo como objetivo debatir entre países latinoamericanos y España acerca de la situación actual que enfrenta cada nación, con el propósito de compartir experiencias que logren mejorar el sistema penal en función de velar por la protección de los derechos humanos y la equidad de género.
Para ello, el instituto, en coordinación con Justicia y Género, y el Programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD, invitaron a expertos internacionales de Guatemala y España para abordar dicho tema. Ramiro Contreras, magistrado y presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala, y Elena Larruari, catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Pompeu Fabra, fueron los expositores.
Según Elena Larruari, España inicia su evolución penal en contra de la violencia de género contra la mujer en 1988. "En principio este delito era una falta penal y el gran inconveniente fue que nunca hubo respuesta alguna en el ámbito judicial, pero fue positivo porque con ello se inició una labor más seria. El segundo paso fue en el año 2003 cuando volvieron a hacer otros tipos de leyes y que son genéricas a la anterior; en ese momento se dijo que esta primera iniciativa fue insuficiente y que era necesario castigar de manera más fuerte los delitos de violencia".
"En el 2004 la evolución se marcó aún más cuando se promulga la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. A partir de este año, se empiezó a hablar de género, pero de manera integral; es decir, que la víctima ya podía contar con un especialista o profesional en Trabajo Social, Psicología, médicos y expertos en otras áreas para atender a la persona afectada y no solo apegarse al sistema penal. Los datos en España son alarmantes pues las cifras de mujeres muertas a causa de violencia oscilan de 63 a 74 personas por año", agregó la catedrática de la universidad de Ponpeu Fabra.
"Lo que más me preocupa es que de esas muertes, solo 30%; denuncio, eso quiere decir que 70% de las mujeres víctimas de violencia no procedieron a realizar la denuncia. Eso me hace reflexionar y recalcar que para que existan medidas que minimicen la violencia de género pues no necesariamente tenemos que aumentar las penas; sino que tenemos que aplicar la ley como se debe. Creo que tenemos que estudiar el porqué las mujeres no tienen acceso a la justicia y cuál es la evaluación entre denuncias y procedimientos. Por tanto, la consigna no debería ser de más penas sino conseguir una mayor proyección mediante el sistema", finalizó Larruari.
Cabe señalar que en la declaración final del II Congreso Mundial por los Derechos Humanos, realizado en Viena en 1993, se reconoció la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y se declaró que los derechos de las mujeres son "parte inseparable, integral e inalienable de los derechos humanos universales". Además, la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó ese mismo año la "Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".
Por su parte, Ramiro Contreras, señaló: "la igualdad de los derechos humanos en Guatemala está plasmado en la misma Constitución Política del país, específicamente en el Título I, el cual tiene como objetivo garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley.
"De esta manera, Guatemala ratificó mediante el decreto 49-82 la comprensión de la eliminación de todas las formas de discriminación. Guatemala en el año 1996 y considerando que la violencia contra la mujer era problema de índole social entre hombres y mujeres, el Congreso de la República de Guatemala promulgó lo que se conoce hoy como Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Otro punto relevante es que en 1999 el país reconoció las desigualdades que existe entre hombres y mujeres en lo que respecta a salud, educación, vivienda y trabajo", concluyó Ramírez Contreras.
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- Publicado: Viernes, 29 Julio 2011 16:57