Ciudadanía respalda modelo de desarrollo del país en medio de crisis económica y sanitaria

  • La mayoría de la población consultada apoya que el país continúe invirtiendo en infraestructura, salud y educación.

El impacto derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en la situación económica del país es indudable, pero incluso en este contexto, la ciudadanía reconoce la importancia de que Costa Rica continúe invirtiendo en infraestructura, salud y educación.

Así lo reveló un estudio presentado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). El material fue elaborado por Investigaciones Psicosociales S. A., empresa con 34 años de experiencia en el análisis de actitudes, conocimientos y comportamientos de la población en el país.

Para el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas, es importante el estudio y el análisis permanente de la realidad nacional, como base para la toma de decisiones. “En este momento que enfrentamos una situación compleja sanitaria y económica, es fundamental tener la claridad, el análisis coyuntural, sin perder de vista la Costa Rica que queremos para definir un camino que responda a los retos inmediatos y al futuro que asegure el bienestar de la población”, indicó Luis Paulino Méndez, presidente del CONARE.

La medición se aplicó entre el 11 y 23 de julio anteriores, por medio de llamadas telefónicas a números celulares, y consultó sobre diversos temas coyunturales a una muestra de 1 204 personas distribuidas en diferentes localidades del país. El tamaño muestral y la técnica de selección de las personas consultadas atribuyen un 95 % de confianza respecto a los resultados generados.  Esta encuesta es iniciativa de la UCR.

Según la encuesta, el 79,1 % de las personas consultadas reconoció una disminución en los ingresos familiares como resultado de la actual pandemia. En el 42,3 % de los casos, tal afectación representó más de la mitad de los recursos que percibían y en el 17,1 % significó la totalidad.

En el 56 % de los casos consultados se retrató la pérdida de empleo por parte de la persona entrevistada o de algún miembro de su familia, y el 69,7 % de la muestra valoró de manera negativa la situación económica del país, frente a solo un 4,3 % que la calificó de forma positiva.

Pese a la difícil realidad descrita, la ciudadanía apoyó con contundencia que el país siga fortaleciendo el modelo de desarrollo social que ha impulsado hasta ahora. El 73,7 % de los entrevistados respaldó un aumento de la inversión en salud pública y el 22,8 % apoyó que el rubro actual en esta materia se mantenga.

El 43,5 % de las personas consultadas respaldó el fortalecimiento de la inversión del país en infraestructura mediante la creación de obras públicas, como puentes y carreteras, mientras que el 34,8 % consideró que esta apuesta económica continúe como hasta ahora.

Por otra parte, se evidenció un incuestionable apoyo social a la educación pública en el país. El 92,9 % de las personas consultadas respaldó la inversión estatal en educación pública primaria y secundaria, mientras que el 90,5 % apoya la inversión en la educación superior pública.

Según el psicólogo e investigador de la empresa Investigaciones Psicosociales S. A., Marco Vinicio Fournier, la valoración positiva de las medidas sanitarias y el papel del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricenses de Seguro Social (CCSS), en la atención de la emergencia, han generado en la ciudadanía una revalorización del papel de la institucionalidad pública.

“Pareciera que el impacto de la pandemia ha hecho que las personas vuelvan a valorar la importancia de contar con un Estado sólido e instituciones fortalecidas para enfrentar eventuales situaciones de crisis”, explicó el académico.

Aportes de las universidades públicas al desarrollo

El 82,7 % de la ciudadanía que participó en la consulta manifestó estar de acuerdo con que las universidades estatales fortalezcan el desarrollo de sus sedes regionales alrededor del país y el 84,4 % consideró que deben invertir en más aportes a las comunidades.

La perspectiva anterior podría relacionarse con el 47,9 % que expresó algún nivel de desacuerdo con la posibilidad de que estas instituciones públicas dediquen la mayor parte de su trabajo a la enseñanza y atiendan en menor medida las áreas de investigación, extensión y acción social.

Por último, el 75,1 % de los encuestados consideró que el Estado debe cubrir la mayoría del presupuesto que hace posible el trabajo de las universidades públicas, frente a un 15,7 % de la muestra que manifestó su desacuerdo al respecto.

Según Fournier, los resultados obtenidos en esta oportunidad sobre el posicionamiento de las universidades estatales son consistentes con estudios previos que han colocado a estas instituciones en los primeros lugares de valoración ciudadana.

“No se registra un cambio de la población en este tema, las universidades públicas manejan una percepción positiva desde que se iniciaron las mediciones de la imagen institucional en la década de los noventa y esto solamente se ha venido reforzando”, concluyó el experto.

El cruce de las respuestas al cuestionario con las variables sociodemográficas de las personas entrevistadas evidencia una alta homogeneidad en las opiniones y actitudes de la gente que se encuestó, puesto que existen pocas diferencias significativas respecto a sexo, edad, región, religión y condición de actividad. La muestra estuvo conformada por 47,6 % de hombres y 52,2 % de mujeres.

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