Consejo Nacional de Rectores aboga por justicia financiera y social en tasa de interés

Por: CONARE

1. En los últimos años, en nuestro país, se ha acrecentado el nivel de endeudamiento de las personas debido, entre otros factores, a un exceso en la cantidad de préstamos, a un uso inadecuado de tarjetas de crédito y a la existencia de altas tasas de interés que limitan la capacidad de pago. De esta manera se condena a miles de familias endeudadas a un nivel de vida inferior a sus posibilidades reales y poniendo en riesgo la cobertura de sus necesidades básicas o de emergencias. Asimismo, esta situación repercute en el consumo privado y afecta la reactivación económica del país.

2. La democracia política y social se fortalece cuando somos capaces de enfrentar la desigualdad y la miseria derivada de la usura en las tasas de interés.

3. La regulación por la vía de la ley de las tasas de interés máximas que se cobra por préstamos, permite limitar la usura y reducir la desigualdad en los servicios crediticios que se brindan a una ciudadanía altamente endeudada como la costarricense. Este debe ser un tema de atención por parte del Estado, con el fin de favorecer una mayor justicia financiera y social, en consonancia con lo dispuesto en diferentes instrumentos jurídicos: artículos 28, 46 y 50 de la Constitución Política, artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 243 del Código Penal y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

4. Entre los años 2009 y 2018, se han presentado seis iniciativas en la Asamblea Legislativa para regular esta materia. Actualmente, se encuentra en discusión el proyecto de Ley 20.861, que recupera el espíritu de las iniciativas anteriores para establecer una regulación que determine una tasa de interés máxima permitida en Costa Rica para todas las transacciones crediticias.

5. Es importante que el país avance en el análisis y discusión de este tema y proteja los derechos e intereses de las personas, principalmente en el mercado de las tarjetas de crédito y del sistema financiero, permitiendo posicionar el principio general de créditos y préstamos razonables.

6. Ante lo anterior, el Consejo Nacional de Rectores insta a las autoridades financieras y a los órganos regulatorios competentes, así como a los señoras y señores diputados de todas las fracciones políticas, a impulsar las acciones en procura de “el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. (Art. 50 de la Constitución Política)