Acción de inconstitucionalidad contra recorte del FEES fue acogida por la Sala Constitucional

Renzo Kcuno Aimituma
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La Sala Constitucional acogió la acción de inconstitucionalidad presentada por los cinco rectores de las Universidades Públicas el pasado 22 de enero, debido al recorte de 10 mil millones de colones al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES).

Según los representantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la acción de inconstitucionalidad busca salvaguardar los derechos fundamentales de la educación superior, y hacer respetar el artículo 85 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual indica expresamente: “Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.”. Esto, siempre y cuando el Poder Ejecutivo pierda competencia constitucional para incluir el monto del FEES.

De esta manera, el artículo 85 deja claro que existe un procedimiento, en el que indica que la competencia del Poder Legislativo queda condicionada a la existencia de una ausencia de acuerdo en cuanto al monto asignado para el FEES por parte del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, cabe señalar que el monto del FEES para el año 2019 ya había sido definido por la Comisión de Enlace (las instituciones de educación superior universitaria estatal y los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación y de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones), en el que se fijó un total de 511.154,72 millones de colones, monto que corresponde al presupuesto asignado en el año 2018 y que integra el 3% como inflación estimada para el año 2019, por parte del Banco Central.

Fue así, que el Poder Ejecutivo incorporó este monto en el proyecto de presupuesto ordinario de egresos de la República, según lo ordenado por el artículo 85 de la Constitución Política.

Parte del documento emitido por la Sala Constitucional señala: Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República y al Ministro de la Presidencia. La norma se impugna en cuanto disminuye la partida correspondiente al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), incorporada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto de egresos de la República, en detrimento de las potestades constitucionales señaladas en el artículo 85 constitucional. La determinación del monto a presupuestar para el FEES del 2019, es resultado directo de lo dispuesto en el citado artículo 85, pues corresponde estrictamente al monto del FEES del periodo vigente, ajustado únicamente por la variación del poder adquisitivo de la moneda, según las estimaciones oficiales contenidas en el programa macroeconómico emitido por el Banco Central.

A continuación, se cita el texto completo emitido por la Sala Constitucional:

EXPEDIENTE: 19-000990-0007-CO PROCESO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ACCIONANTE: ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRIA

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y tres minutos de siete de febrero de dos mil diecinueve.

Cumplida la prevención efectuada por resolución de las 15:40 horas del 25 de enero del 2019, se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRIA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL; CARLOS MAURICIO MONTOYA RODRIGUEZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA; HENNING JENSEN PENNINGTON, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA; JULIO CESAR CALVO ALVARADO, RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA; y MARCELO PRIETO JIMENEZ, RECTOR UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, para que se declare inconstitucional el ARTÍCULO SEGUNDO DE LA LEY 9632, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAODINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, publicada en La Gaceta el 11 de diciembre de 2018, por estimarlo contrario a lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República y al Ministro de la Presidencia. La norma se impugna en cuanto disminuye la partida correspondiente al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), incorporada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto de egresos de la República, en detrimento de las potestades constitucionales señaladas en el artículo 85 constitucional. La determinación del monto a presupuestar para el FEES del 2019, es resultado directo de lo dispuesto en el citado artículo 85, pues corresponde estrictamente al monto del FEES del periodo vigente, ajustado únicamente por la variación del poder adquisitivo de la moneda, según las estimaciones oficiales contenidas en el programa macroeconómico emitido por el Banco Central. No obstante lo anterior, la Asamblea Legislativa aprobó un monto inferior al monto calculado conforme a esas reglas y disminuyó en diez mil millones de colones, el monto total del FEES, lo que no solo condiciona la operatividad de las universidades estatales que representan para cumplir sus cometidos, sino que constituye el medio necesario para garantizar la efectividad y progresividad del Derecho a la Educación de nivel superior universitario, cuyos beneficiarios directos son los estudiantes matriculados en las instituciones que representan. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación a los accionantes proviene del párrafo segundo, del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en virtud de la defensa de los intereses difusos de todos los estudiantes de las universidades estatales. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese.