Elizabeth Odio Benito habló acerca de la corrupción y su incidencia en los Derechos Humanos

 "Si una sociedad se corrompe, se afecta la calidad de la democracia y con ello se lesiona el uso, el goce y el disfrute de los Derechos Humanos", Elizabeth Odio Benito.

  

La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la sede central de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).La Maestría en Administración de Negocios, del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) llevó a cabo la charla "Corrupción y derechos humanos", la cual tuvo como expositora a la doctora Elizabeth Odio Benito, Magistrada de la Corte Penal Internacional.  

    

El tema principal al que se refirió la especialista fue la vinculación que existe entre corrupción y Derechos Humanos, y el impacto que este causa en la sociedad. De igual manera, llamó la atención a la población en general a poner cuidado en los hechos  recientes de corrupción, lo cual ha tenido como autores principales a las transnacionales y funcionarios públicos vinculados a la política, tanto a nivel internacional como nacional.

  

Para la Magistrada, uno de los actores de corrupción son las grandes corporaciones y las diversas transnacionales que sobornan a los políticos de países en desarrollo para ganar concesiones o licitaciones, que posteriormente son recuperados con la reducción del pago de impuestos.

  

"Todos hemos oído que las transnacionales que producen ropas deportivas muchas veces contratan en países como África y Asia a niños y niñas para que trabajen en esas maquilas, lo cual es consentido por los funcionarios públicos, quienes cometen actos de corrupción al recibir sobornos por parte de esas transnacionales, haciéndose de la vista gorda. Otro ejemplo es la explotación sexual comercial, que cuenta con la complicidad de los políticos, los policías e incluso entidades que extienden los pasaportes para facilitar esos actos corruptos que atropellan los derechos de esas personas. De igual manera ocurre en el área de salud, ambiente, educación y las garantías sociales", manifestó Odio Benito.

  

"En ese sentido, hace algún tiempo se comenzó a discutir en diferentes foros mundiales, como en Europa, donde he tenido la experiencia de estar en los últimos años, los vínculos que existen en el sector público y privado en relación con la corrupción y cómo este afecta el disfrute de los Derechos Humanos, y cómo estas prácticas corruptas impiden que el Estado y los gobiernos cumplan con sus obligaciones de proteger y resguardar los esos derechos fundamentales, los cuales están consagrados en diversos organismos internacionales desde mediados del siglo pasado", indicó.

  

"Sabemos que los Derechos Humanos son inalienables y que nadie puede restarle a uno para sumarle a otro, pero las prácticas relacionadas con la corrupción han hecho que estos temas se aborden de manera prioritaria desde hace algunos años pues está comprobado que tienen incidencia directa en el disfrute de los Derechos Humanos. Este fenómeno empezó a darse con mayor fuerza en la década de los 90 y desde entonces se han hecho varios esfuerzos para contrarrestarlo, uno de ellos es la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, firmada en el 2005", agregó.

  

"Sin embargo, a veces creemos que no existe una vinculación entre ambos campos y que son casos aislados; ¡cuidado! Porque a todo esto debemos ponerle mucha atención. Si bien es cierto que este tipo de vinculación se viene analizando y discutiendo en los últimos cinco o seis años, también es cierto que durante ese tiempo se ha lesionado sensiblemente la calidad de la democracia, y cuando esta se afecta, estamos diciendo que se afecta el uso, el goce y disfrute de los Derechos Humanos, lo cual maltrata principalmente a las minorías y poblaciones vulnerables, como es el caso de refugiados, discapacitados, presos, mujeres, enfermos de sida, niños y niñas", finalizó Odio Benito.

  

Elizabeth Odio Benito

  

A nivel internacional, ha sido Jueza del Tribunal Internacional para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia, Relatora Especial de la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para la eliminación de la discriminación religiosa, promotora del Protocolo opcional a la Convención contra la tortura y jueza del Alto Tribunal de la Corte Penal Internacional.